Lo que comenzó como una medida excepcional de virtualidad bajo el ya superado Decreto 806 de 2020, hoy se ha consolidado como el régimen permanente de la administración de justicia en Colombia. Con la estabilidad brindada por la Ley 2213 de 2022, el litigio mediante mensajes de datos no es solo una alternativa tecnológica, sino el estándar obligatorio que exige un «cambio de chip» profundo en la estrategia de abogados, clientes y servidores públicos.
El correo electrónico y las plataformas de gestión judicial (como SAMAI o Justicia XXI) han dejado de ser simples buzones para convertirse en instrumentos de validez procesal. Bajo este esquema, la radicación de demandas y memoriales exige un cumplimiento estricto de protocolos de seguridad y trazabilidad:
Cómputo de Términos: Entender que la notificación se entiende surtida dos (2) días hábiles después del envío del mensaje de datos es crítico para evitar la caducidad de acciones o el vencimiento de términos para contestar.
Notificación Simultánea: El deber de enviar copia de cada actuación a la contraparte es un requisito de procedibilidad cuya omisión puede derivar en la inadmisión de acciones judiciales.
Gestión de Mensajes de Datos: La validez del envío depende de la correcta configuración de acuses de recibo y constancias de entrega, evitando errores de un solo carácter que podrían causar la pérdida de una oportunidad procesal.
Nuestra práctica nos ha enseñado que el éxito en un proceso —ya sea judicial o administrativo— no depende solo de la forma, sino de la capacidad de traducir la realidad técnica ante el juzgador.
Este mismo rigor es el que aplicamos al litigio digital: aseguramos que cada mensaje de datos, cada prueba electrónica y cada memorial sea interpretado por el juez bajo el camino técnico y legal correcto, protegiendo así el bolsillo y la seguridad jurídica de nuestros representados.
Aprender a manejar estas herramientas no es una opción; es un imperativo de debida diligencia. No se trata simplemente de «enviar un correo», sino de liderar una arquitectura legal donde la tecnología sea nuestra mayor aliada para garantizar una justicia pronta, eficiente y, sobre todo, segura.
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