Lo que inició como una respuesta de emergencia ante la crisis sanitaria se ha transformado en el pilar fundamental del sistema judicial colombiano. Con la declaratoria de vigencia permanente de la Ley 2213 de 2022, el correo electrónico y las plataformas de gestión se han consolidado como los canales oficiales de interacción entre los sujetos procesales y la administración de justicia.
La importancia del correo electrónico trasciende la simple comunicación; hoy constituye un mensaje de datos con plena fuerza probatoria. Bajo este esquema, la radicación de demandas y memoriales se realiza a través de los buzones institucionales de cada despacho o mediante plataformas especializadas como SAMAI (para la jurisdicción contencioso-administrativa) o Justicia XXI.
Sin embargo, esta digitalización exige un rigor técnico absoluto. Un error en un solo carácter de la dirección electrónica o la omisión de los anexos en el envío simultáneo a la contraparte puede derivar en la inadmisión de la demanda o la pérdida de oportunidades procesales críticas.
Uno de los riesgos más subestimados en el litigio digital es la contabilización de términos para la notificación personal. Según el estándar vigente, la notificación se entiende surtida dos (2) días hábiles después del envío del mensaje de datos, y los términos comienzan a correr a partir del día siguiente.
En nuestra práctica, hemos identificado que la vigilancia constante no es opcional. La demora de 1 a 2 días que presentan algunos despachos en registrar la recepción en sus sistemas internos no suspende los términos legales. Por ello, la radicación anticipada y el uso de acuse de recibo o constancia de entrega son protocolos de seguridad obligatorios para blindar el debido proceso.
La justicia digital es una herramienta de eficiencia, pero no perdona el error técnico. No se trata solo de manejar una herramienta, sino de liderar una estrategia donde la tecnología asegure, y no arriesgue, el bolsillo de nuestros clientes.
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